Cronología 2001
3 enero : Tal como lo anunciara, la
defensa de la periodista Alejandra Matus presenta una queja
disciplinaria contra el ministro de fuero Jaime Rodríguez
Espoz, quien instruye el proceso por infracción a la
LSIE contra Matus, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según la defensa, el magistrado habría
incurrido en graves faltas. Entre otras, el que la defensa,
aún ya cerrado el sumario, no ha podido obtener copia
del expediente en contraposición a la parte demandante,
que sí ha tenido acceso al sumario. El 15 de diciembre,
Matus solicitó copias simples del expediente, pero
el 19 del mismo mes, Rodríguez rechazó la petición
y cerró el sumario. La defensa presentó una
reposición, que fue rechazada.
Con el cierre del sumario y a casi dos años
de la incautación de El Libro Negro de la Justicia
Chilena, aún queda pendiente la orden de detención
en contra de Alejandra Matus y se mantiene la prohibición
de circulación del libro, violando todas los tratados
internacionales firmados por Chile que resguardan la libre
expresión y la libre circulación de libros.
3 enero: El Consejo de Calificación
Cinematográfica (CCC) anuncia la imposibilidad de recalificar
la película "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón",
del español Pedro Almodóvar. En palabras del
director del oranismo, el subsecretario de Educación
José Weinstein, tras el fallo del 17 de junio de 1997
con que la Corte Suprema ratificó la prohibición
que pesa sobre "La Última Tentación de Cristo",
de Martin Scorsesse. En palabras del funcionario, "después
de ese dictamen no nos cabe la posibilidad de reinterpretar
la ley de Calificación Cinematográfica, ya que
el fallo establece que no se puede ir contra una resolución
del Tribunal de Apelación del Consejo, instancia que
es superior a él y que rechazó la película".
En 1997, tras la recalificación por
parte del CCC que aceptó exhibir "La Última
Tentación...", un grupo de abogados conservadores presentaron
un recurso ante la justicia que terminó con la sentencia
de la Corte Suprema recién mencionada. Desde esa fecha,
pesa sobre la película la prohibición de ser
exhibida y el caso está en este momento en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la que debiera dictar
sentencia contra el Estado chileno en marzo.
En esta oportunidad, la película de
Almodóvar, prohibida por el CCC desde 1992, fue traída
a Chile nuevamente por Filmoarte, productora que tiene a cargo
el Cine Arte Normandie para ser recalificada y exhibida en
el marco del ciclo de verano de dicha sala.
10 enero: El directorio de la empresa
periodística La Nación S.A., de propiedad mayoritariamente
estatal, despide al director del diario electrónico
de dicha empresa, Primeralinea.cl, el periodista Juan Pablo
Cárdenas. Los motivos esgrimidos fue "pérdida
de confianza del directorio". Sin embargo, los roces con el
gobierno comenzaron en septiembre, debido a los contenidos
del diario referidos a las indemnizaciones recibidas por altos
personeros de los partidos de la alianza gobiernante y, según
Cárdenas, en ese momento le pidieron formalmente que
renunciara a su cargo de director, a lo cual se negó.
Al notificarle la decisión de removerlo
del cargo, el directorio no permitió que Cárdenas
asistiera a la reunión donde se tomó la medida
y el anuncio fue hecho por el gerente general de la empresa,
Francisco Feres, y no por el presidente del directorio, de
quien dependía directamente Cárdenas.
31 enero: Varios periodistas fueron
agredidos física y verbalmente por manifestantes pinochetistas
en momentos que la prensa cubría el procedimiento de
notificación judicial al general Augusto Pinochet U.
por su procesamiento en calidad de coautor de secuestros y
homicidios en el caso conocido como Caravana de la Muerte.
Las agresiones ocurrieron frente al ingreso
principal de la parcela Los Boldos, en Bucalemu, Vª Región,
lugar de descanso de la familia Pinochet. La prensa no pudo
realizar bien su trabajo por las permanentes hostilidades
e insultos de los pinochetistas a las que se vieron expuestos
y por la pasividad de los efectivos policiales presentes en
el lugar.
Fueron agredidos físicamente los periodistas
María Eugenia González, del diario electrónico
El Mostrador; Gonzalo Mazuela, reportero de La Nación,
y Fabio Díaz, corresponsal de la Televisión
Española.
A esto hay que agregar los daños sufridos
por el automóvil de las periodistas Berríos
y González: los manifestantes le quebraron espejos,
la antena, abollaron, rayaron con elementos punzantes la carrocería,
escribiendo "Pinochet", y rajaron los neumáticos.
Cerca de las 4 de la tarde, a poco de que
se ejecutara el trámite judicial, el director ejecutivo
de la Fundación Pinochet, el general en retiro Luis
Cortés Villa, pidió calma a los partidarios
del ex dictador.
5 febrero: La Corte Interamericana
de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso de "La
Última Tentación de Cristo". En parte de su
sentencia contra el Estado de Chile señala: "en el
presente caso, está probado que en Chile existe un
sistema de censura previa para la exhibición y publicidad
de la producción cinematográfica. Esto tras
detallar exhaustivamente el proceso seguido en Chile contra
la película. Señala la sentencia "estima este
Tribunal que la prohibición de la exhibición
de la película "La Última Tentación de
Cristo" constituyó, por lo tanto, una censura previa
impuesta en violación al artículo 13 de la Convención".
Y sigue el texto de la sentencia: "Esta Corte
entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede
generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano
de éste, independientemente de su jerarquía,
que violen la Convención Americana. Es decir, todo
acto u omisión, imputable al Estado, en violación
de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
compromete la responsabilidad internacional del Estado. En
el presente caso ésta se generó en virtud de
que el artículo 19 número 12 de la Constitución
establece la censura previa en la producción cinematográfica
y, por lo tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial".
A la luz de lo anterior, la Corte declara
"que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión consagrado en el artículo 13
de la Convención Americana, en perjuicio de los señores
Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio
Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías
Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes".
Finalmente, por unanimidad, se declara "que
el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión consagrado en el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Se agrega a la sentencia, "que el Estado no violó el
derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado
en el artículo 12 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos", no obstante, el Estado "incumplió
los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión
con la violación del derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión señalada en el punto resolutivo
1 de la presente Sentencia".
La Corte decide que el Estado debe modificar
su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable,
con el fin de suprimir la censura previa para permitir la
exhibición de la película "La Última
Tentación de Cristo", y debe rendir a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la notificación de la presente Sentencia, un informe
sobre las medidas tomadas a ese respecto. Además, el
Estado deberá pagar la suma de US$ 4.290 (cuatro mil
doscientos noventa dólares de los Estados Unidos de
América), como reintegro de gastos generados por las
gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes
en los procesos internos y en el proceso internacional ante
el sistema interamericano de protección. La Corte supervisará
el cumplimiento de esta Sentencia y sólo después
dará por concluido el caso.
5 febrero: El juez de fuero que instruye
el proceso contra Alejandra Matus por "El Libro Negro de la
Justicia Chilena", Jaime Rodríguez, sobreseyó
temporalmente la causa hasta que la acusada sea habida. La
resolución acoge la tesis de la parte querellante,
el ministro de la Corte Suprema Servando Jordán, en
el sentido que hay mérito suficiente para proceder
en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado puesto
que la inculpada habría incurrido en el delito de atentado
contra el orden público. Con esto, Rodríguez
desconoce la opinión del fiscal de la corte de Apelaciones,
Juan Escandón, quien le recomendó al juez de
fuero cerrar definitivamente la causa y liberar de cargos
a la periodista.
La defensa de la periodista apeló
a la medida judicial, solicitando el cierre definitivo de
la causa en virtud de que no se constituiría el delito
contra el orden público.
19 febrero: El director del diario
El Metropolitano, Enrique Alvarado; su editor de Negocios,
Javier Urrutia, y la reportera gráfica, Mireya Muñoz,
enfrentan un proceso por Ley de Seguridad Interior del Estado,
iniciado por el senador de la República y empresario,
Francisco Javier Errázuriz. Errázuriz invoca
el artículo 6 (b) de dicho cuerpo legal que tipifica
los delitos contra el orden público. La querella se
presentó el 5 de febrero del 2001.
El requerimiento es en virtud de varios artículos
periodísticos publicados por El Metropolitano a partir
del 27 de enero y que han dado a conocer una investigación
judicial realizada por el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago,
que intenta establecer las responsabilidades por la falsificación
de una escritura pública, delito en el que se investiga
a Errázuriz y a algunos familiares por su eventual
participación.
El 28 de enero, Errázuriz llamó
a Urrutia solicitando publicar su versión con la misma
extensión que el artículo que dio a conocer
el proceso judicial y que, además, fuera titular del
periódico, a lo que Urrutia se negó, asegurando
que la versión de Errázuriz aparecería
en el marco de un artículo sobre el tema. Errázuriz
invocaba que la investigación judicial aún no
está terminada.
Francisco Javier Errázuriz perdió
su fuero parlamentario hace más de un año por
un proceso judicial en su contra por los delitos de secuestro
y lesiones propinadas a un abogado de la Empresa Nacional
de Electricidad S.A., ENDESA, proceso que aún está
abierto. Errázuriz no ha perdido su cargo de senador
y, según la legislación chilena, continúa
percibiendo su dieta parlamentaria aún cuando no ejerce
el cargo desde su desafuero. A pesar de ello, puede invocar
la LSIE en calidad de senador.
La información publicada por El Metropolitano
apunta a sus actividades como empresario y no como autoridad
parlamentaria. Y es de interés público en tanto
Errázuriz es senador, es líder del partido Unión
de Centro-Centro y fue candidado a la presidencia en 1989.
La situación se torna más absurda
aún en el caso de la reportera gráfica Mireya
Muñoz. Su "delito" fue tomar una fotografía
de la notaría involucrada en el proceso judicial investigado
por El Metropolitano.
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