Entrevista a Víctor Pey:

“Tengo el compromiso moral de reeditar Clarín”

El dueño de "Clarín", Víctor Pey.

El dueño del mítico diario “Clarín” ahonda en el juicio que mantiene en el Ciadi en contra del Estado chileno. Una sentencia favorable para Pey significará que se publique en Chile un diario que haga contrapeso a los grandes del duopolio El Mercurio-Copesa y rompa el escaso pluralismo existente.

¿Cómo logra ser dueño de “Clarín”?

Conocí a Darío Sainte-Marie, fundador del diario “Clarín”, mucho antes del gobierno de la Unidad Popular. Con el paso de los años y la colaboración que de una manera desinteresada mantuve con él, en circunstancias críticas que le afectaron en lo personal, me instó a que le comprara el diario en condiciones de excepción, en un plazo de tiempo apremiante. Durante el mandato de Eduardo Frei Montalva, ayudé a Sainte-Marie en la adquisición de una rotativa Goss, en los Estados Unidos. Dirigí, en el terreno mismo, ad honorem, la construcción del nuevo edificio en el que se iban a instalar los talleres y la administración del diario “Clarín”, en la esquina de las calles Alonso Ovalle y Zenteno, llegando a tener un estrecho vínculo con Sainte-Marie cuando éste me pidió que le comprara el diario, durante el gobierno de la Unidad Popular, en septiembre u octubre de 1972. En su momento, recibí críticas de abusar de una situación conflictiva en la que se encontraba Saint-Marie, por el bajo precio que le pagué por el diario, que fue de un millón 280 mil dólares. Fue así como adquirí el total accionario del “Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.”, dueño del diario “Clarín”. Una vez ocurrido el golpe, yo me vi en la necesidad de exiliarme. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, fuerzas armadas sublevadas irrumpieron en las instalaciones del diario e hicieron tabla rasa de los derechos de propiedad.

¿Y cuándo comienza el juicio para recuperar sus bienes?

Cuando regresé en 1992, tuve que hacer una labor muy ardua para intentar recuperar lo que me pertenecía. Y en cuanto tuve antecedentes documentales suficientes, me dirigí a través de una carta notarial al ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, solicitando que se me devolviera el patrimonio de “Clarín”, abusivamente incautado. Me contestó, en nombre del Presidente de la República, el a la sazón ministro de Bienes Nacionales, señalándome que en su momento podría acogerme a una ley que estaba en tramitación en el Congreso Nacional, que permitiría la devolución de los patrimonios indebidamente incautados durante la dictadura. Insistí, por la misma vía notarial, con una exposición basada en derecho, señalando que mis bienes habían sido incautados por un decreto y que, por lo tanto, por otro decreto podían y debían serme restituidos. Debo señalar que la totalidad de los títulos accionarios y de sus correspondientes traspasos me habían sido ya devueltos por un tribunal chileno, tras habérmelos sustraído de mis oficinas particulares en un allanamiento hecho poco después del golpe de Estado y haberlos aportado el Estado a un juicio entablado por el Servicio de Impuestos Internos en 1975 en contra de Sainte-Marie y en mi contra, juicio en el que se pidió mi extradición, sin llevarla a efecto. En esa causa fui, a la postre, liberado de todo cargo.

Ante el silencio mantenido por el Estado, tras la reiterada petición de devolución, y previa cesión que hice del 90% de mis derechos accionarios a la Fundación Presidente Allende, que junto a Joan Garcés creamos en España, recurrí a la instancia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. El 20 de abril de 1998, el Ciadi registró nuestra instancia, aceptando a trámite lo solicitado.

¿En qué etapa está el juicio?

Creo que estamos próximos a que el Tribunal Arbitral dicte un pronunciamiento o resolución prácticamente definitoria del proceso arbitral. La última audiencia oral tuvo lugar en París a mediados de enero, convocada tan sólo para debatir aspectos limitados de la ya larga causa.

La inadmisibilidad del tribunal fue tema por parte del gobierno...

Como he señalado, la solicitud de la Fundación Presidente Allende y la mía propia fue admitida a trámite y registrada por el Ciadi en abril de 1998, de suerte que ese punto no es materia de litigio. Registrada la solicitud, se procedió, de acuerdo con las reglas del procedimiento, al nombramiento de un juez por cada una de las partes, y del Presidente del Tribunal designado por el Ciadi. Chile nombró, al igual que nuestra parte, a un juez integrante del Tribunal, dándose así inicio a la causa. La posición de la representación de Chile ha sido y sigue siendo la de solicitar que el Tribunal se declare incompetente.

¿Cómo evalúa usted el actuar del Estado chileno en este caso?

La posición de la Fundación Presidente Allende y la mía propia ha sido desde el principio del procedimiento la de colaborar con el gobierno chileno, tratando de evitar que se cometa un fraude contra el Estado, ya que eventualmente puedan entregarse fondos a personas que no tienen título alguno. Hemos aportado a la causa múltiples antecedentes con el objeto de que el Estado esté correctamente informado.

Herederos ficticios

¿Pero esa situación de entregar recursos a supuestos herederos ya sucedió?

Así creo, pero mi posición sigue siendo la de dar luz para evitar un posible fraude al Estado.

¿Como se configura ese pago a supuestos propietarios de “Clarín”, que el Estado reconoce?

Hace 8 años, cuando recién se estaba constituyendo el Tribunal, el fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras, Juan Banderas, representaba ante al Estado de Chile. Hoy lo hace el departamento jurídico del ministerio de Economía. Constituido ya el Tribunal y en marcha el juicio arbitral, el Comité de Inversiones Extranjeras solicitó un estudio externo al abogado Enrique Testa. Testa fue durante el gobierno de la Unidad Popular presidente del primer banco estatizado, el Israelita. Posteriormente, el señor Testa se dirigió a varias personas y les ofreció la compra de sus eventuales derechos hereditarios de la propiedad de “Clarín”. El 22 de abril de 1999, se formó la sociedad anónima Asinsa, integrada por dos socios: don Isidoro Gorodischer, yerno del señor Testa y ex concejal del PPD por Las Condes, y el ingeniero Ronald Youlton. El capital social de Asinsa fue de 100 mil pesos. Cinco días después, Asinsa compró eventuales derechos hereditarios y gananciales a parientes de la viuda de Emilio González, que supuestamente habría sido socio de “Clarín”. Pagó 2 millones 500 mil pesos, con un capital social de solo 100 mil. Esta sociedad se dirigió también a Jorge Venegas, que también habría sido accionista de “Clarín” y le ofreció su representación. Siete semanas después, Asinsa presentó ante el ministerio de Bienes Nacionales una solicitud por 600 millones de pesos como indemnización para los supuestos afectados por la confiscación de “Clarín”. El Colegio de Abogados sancionó al señor Testa por el uso indebido de información que habría utilizado para obtener la indemnización.

¿Por qué se atribuye esta supuesta herencia?

Mientras estábamos en Washington en una audiencia del Ciadi celebrada a fines de abril del 2000, el representante del gobierno de Chile, sorpresivamente, informó que el Estado chileno había decretado el pago de la indemnización correspondiente a los supuestos dueños de “Clarín”. El 28 de abril de 2000, la división jurídica del ministerio de Bienes Nacionales emitió un oficio acogiendo lo solicitado por los reclamantes, resolviendo pagar a los “supuestos” dueños del diario “Clarín” y ese mismo día, el ministro de entonces Claudio Orrego, ordenó el pago. Los argumentos de los solicitantes se referían a que en una ficha estadística en la superintendencia de Sociedades Anónimas figuraban Emilio González, Jorge Venegas, Ramón Carrasco, ex abogado de “Clarín” y los hijos de Saint-Marie, como dueños del total accionario de la empresa. El Estado les entregó 9 millones de dólares. Ante ello, la Fundación Presidente Allende y yo solicitamos a la Contraloría General de la República que no se diese curso a la toma de razón de los decretos que ordenaban esos pagos, habida cuenta que existían dos causas abiertas sobre el patrimonio de “Clarín”: una ante un juzgado civil chileno y otra ante el Ciadi.

¿Pero no hubo un intento de vender “Clarín” justamente a quienes aparecen como supuestos dueños y a quienes el Estado les paga una indemnización?

Yo sabía que mi paso por el diario no sería para siempre y como era un éxito de ventas -un muy buen negocio- busqué a algunas personas que tuvieran recursos para pagar por las acciones y eventualmente pudieran llegar a ser socios, sin alterar la línea progresista y democrática del diario. Fue así como llegué a un acuerdo amigable sobre una posible venta de acciones con Jorge Venegas, un gran empresario de Talca, amigo de Allende, un hombre de izquierda, no militante; con Emilio González, que fue presidente del Banco del Estado, viejo amigo mío, hombre de fortuna, muy de izquierda y también amigo de Allende; y con Ramón Carrasco, que fue abogado de Saint-Marie y amigo mío. Acordamos que tanto el precio de las acciones como el pago de las mismas lo convendríamos de común acuerdo cuando la situación económica del país se normalizara, incorporándoles, mientras tanto, al Consejo de la empresa. Nunca ellos fueron dueños de ninguna acción, yo los nombré directores.

Pese a esto, ellos recibieron la indemnización...

Jorge Venegas sí, además de una prima de la viuda de Emilio González, las hijas de Ramón Carrasco, los hijos de Sainte-Marie y Asinsa.

¿Y a Venegas no lo vio más?

Cuando en 1990 regresé a Chile, con Jorge Venegas nos juntábamos siempre que él venía a Santiago, pero de pronto dejó de aparecer.

El nuevo Clarín

¿Qué espera ahora de la sentencia del Ciadi?

Espero que se reconozca la verdad y establezca una indemnización justa. La que el Tribunal Arbitral determine. “Clarín” era una empresa boyante. Su estabilidad económica no dependía de la publicidad.

Y reeditará “Clarín”...

Personalmente, tengo un compromiso moral en ello. Cuando con Joan Garcés creamos la Fundación Presidente Allende en Madrid, en 1990, doné el 90% de mi patrimonio de “Clarín” a la Fundación, conviniendo que la Fundación va a reeditar el diario en cuanto disponga de los medios para ello. Sin duda, no será el mismo diario de antes. Han cambiado el mundo, el país y la sociedad misma, siendo distintas las alternativas posibles que se vislumbran y los reales actores políticos que actúan.

¿Cómo se imagina un “Clarín” actual?

Un diario que se mantenga independiente de los partidos políticos, de los grupos económicos y de las confesiones religiosas, que interprete el pensamiento de Allende, en el sentido de buscar una mayor justicia social dentro de un régimen democrático.

¿Están las condiciones en Chile para que exista un diario con esas características?

Creo que es el único espacio que falta cubrir.

¿Y cómo se ve constreñida la libertad de expresión con esa carencia?

El hecho de que el 90% de la prensa escrita esté en manos de dos empresas constituye una evidente limitante de esa pretendida libertad de expresión. Cuando se toman fotografías de un escenario desde el mismo ángulo, siempre se tendrá la misma imagen, sin lograr abarcar las múltiples facetas que tiene la sociedad.

¿Por qué ha existido tan poca información y difusión del “caso Clarín”?

No me extraña que la prensa actual haya silenciado este caso, porque defiende intereses muy claros. Lo que sí me extraña es que los organismos gremiales interesados en el pluralismo informativo se hayan mantenido ajenos a lo que el “caso Clarín” implica.