Editorial

Debate nacional sobre TV digital

Lamentablemente, algo tan importante para la sociedad chilena como las características de la futura televisión digital, está siendo definido entre cuatro paredes al margen de los puntos de vista de la comunidad nacional.

El hecho que esta forma de tomar decisiones se haya impuesto en este ya eterno proceso de “transición” a la democracia (recordemos el Transantiago y –más allá de las apariencias- las reformas educacionales y previsionales; entre muchas otras) no hace menos grave que un asunto tan trascendental para la vigencia futura de los derechos a la libertad de información y expresión esté siendo abordado de ese modo.

Así, la dilación de la definición de la norma técnica por parte del Gobierno no se explica –como habría sido muy positivo- por la generación de un amplio debate nacional sobre la materia; sino por la confrontación de poderosos lobbys que pretenden influir sobre la decisión gubernamental. Aún es tiempo para que el gobierno de Michelle Bachelet enmiende su actitud y proceda a estimular dicho debate; en el ánimo que aquella resolución responda a los derechos y aspiraciones del conjunto de la población, y no a los intereses de poderosos y extremadamente minoritarios grupos de presión.

Pero mucho más importante aún que la norma técnica, será la definición legal del sistema de concesiones de los futuros canales de televisión digital. De seguirse la metodología permanente de los gobiernos de la Concertación, tendremos una legislación virtualmente impuesta sin considerar la opinión ciudadana y que responderá fundamentalmente a los intereses de lospoderes fácticos. Esto es, a los actuales propietarios de las concesiones de televisión abierta y a grandes grupos económicos interesados en meterse al “negocio”. Obviamente que en este contexto no nos espera otra cosa que una reproducción de la extrema concentración del control de la televisión por parte de los sectores conservadores de la sociedad chilena que sufrimos hoy.

Por lo mismo, si queremos que se respete el derecho a la libre información y expresión, será fundamental que el Gobierno modifique sustancialmente su práctica habitual. Es decir, que el proyecto que envíe al Congreso sea precedido por un debate nacional donde participen efectivamente representantes del mundo empresarial, profesional, sindical y vecinal; de las universidades y centros culturales; de las diversas regiones y municipalidades; de los pueblos indígenas; de las confesiones religiosas y espirituales; de los intelectuales y artistas; del mundo del deporte; de organizaciones juveniles y femeninas; del mundo de los discapacitados; de las organizaciones de derechos humanos y ONG en general; etc.

Para que este debate adquiera la máxima resonancia y efectividad, naturalmente que será crucial el rol de inclusión de aquel que desempeñe TVN. Lo que es afín a una de las finalidades básicas de una auténtica televisión pública: promover un debate plural sobre los temas de alto interés público. Más aún cuando se trata del sistema que regirá la propia televisión en Chile quizá por varias décadas.

Esperemos que las organizaciones sociales y políticas de la sociedad chilena tomen real conciencia de la importancia de un debate nacional de este tipo y demanden del Gobierno su promoción, antes de adoptar una resolución tan crucial para el futuro del derecho a la libre información y expresión en nuestro país.